El 17 de enero de este año, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el “Proyecto de Ordenanza Anual Tarifaria e Impositiva 2024”. Un día después, el 18 de enero, los ediles lo discutieron en comisión, aunque la palabra ‘discutir’ puede quedar muy grande para la acción que debe haber significado decir simplemente ‘si, por supuesto’. Una voz en contra aparentemente no hubo. Y finalmente, el 19 de enero, dos días después de que ingresara el proyecto, se aprobó la ahora Ordenanza 2087/23 que actualiza el cuadro tarifario de los servicios truncadenses. Tiempo récord para recibir, leer, pensar, reflexionar, aceptar y votar un proyecto de ordenanza. Lamentablemente estas acciones no son nuevas en la relación institucional entre los dos poderes porque, hasta se podría decir, que guardan cierta similitud con actitudes anteriores cuando algunos de los que ocuparon bancas en el Concejo votaban a favor de incrementarse sueldos o modificar el cuadro tarifario a finales de diciembre, entre gallos y medianoche, cuando el vecindario todavía estaba en plena resaca de sidra y pan dulce.
Los concejales ya estaban avisados de las ‘actualizaciones’ tarifarias que proponía la gestión de Pablo Anabalón, porque claro, en este nuevo léxico que manejan Nación, Provincia y ahora Municipio, no hay un aumento en sí mismo, hay una ‘actualización’. Hasta acá, se podría decir que los concejales tuvieron una actitud ‘normal’ en lo que respecta al juego político partidario, donde el Ejecutivo local de turno puede avanzar en ciertas decisiones sabiendo que cuenta con la mayoría de las manos dispuestas para apuntar al cielo. Esa ‘normalidad’ implica, entre otras cosas, apoyar las decisiones políticas de la persona con la cual compartieron boleta en las elecciones, eso se acepta y no entra en discusión. El inconveniente surge cuando para llevar a cabo esa acción de apoyo se le da la espalda a la comunidad, perjudicándola de alguna manera, y más aún cuando no se difunde completa y correcta lo que se está aprobando. Mirando la ordenanza, leyéndola con paciencia y analizando los detalles, a casi tres meses se puede empezar a ver los resultados.
El Articulo 137 de la ordenanza tarifaria señala que “la prestación del servicio de energía eléctrica en jurisdicción Municipal (…) guarda equivalencia con los valores establecidos por servicio público de la Provincia”. ¿Qué significa esto? Que ya no hace falta que los concejales truncadenses discutan ni debatan la tarifaria cada vez que la gestión de Pablo Anabalón quiera “actualizar” los números, porque esa actualización puede llegar directamente desde el gobierno de Claudio Vidal. La tarifa local queda atada a la tarifa que disponga el gobierno provincial. Si el Concejo Deliberante queda a un costado en la discusión por futuros aumentos en la tarifa de energía porque el aumento puede venir directo desde Provincia, ¿cuál es entonces el “compromiso inquebrantable” que tienen los ediles con “nuestro pueblo” tal como lo mencionó la presidenta del cuerpo, Tamara Vera, en su discurso durante la Apertura de Sesiones Ordinarias? La decisión tomada, a mi entender, delega autonomía y desprotege a la sociedad truncadense que deberá abonar más cada vez que suban las tarifas a nivel provincial y nacional. Porque un aumento nacional repercute en la provincia, pero de alguna forma, hasta ahora, Pico Truncado podía estar un poco a resguardo de los aumentos por la propia compra de energía que se hace a Cammesa y por la reventa de esos vatios a los vecinos.
Seguidamente, dice el Articulo 138: “Autorizase al Ejecutivo municipal a ajustar los valores de los cuadros tarifarios de energía eléctrica”, y que, al hacerlo, la Municipalidad deberá dar “previa comunicación con el Honorable Concejo Deliberante y comunicación oficial a través de los medios de comunicación”. Los concejales le entregaron la potestad al intendente para que él haga lo que crea conveniente y necesario respecto al precio de la tarifa eléctrica. Hablando coloquialmente, “cuando aumentes la tarifa eléctrica vos mándame un memo informativo para que yo sepa, nada más”. En este punto hay una doble delegación por parte del Concejo Deliberante, porque a los aumentos de energía que disponga el gobierno provincial también se sumaría la decisión del Municipio de aumentar el precio del servicio eléctrico según lo considere necesario. Con la vigencia de la ordenanza 2087/23 se perdió el precio municipal diferencial de energía eléctrica. ¿Ya no se le comprará más energía a Cammesa para redistribuirla en el ejido urbano? ¿Quién se hará cargo de comprarle la energía a la empresa mayorista? ¿Qué papel cumplirá ahora la Municipalidad? ¿Sólo entrará en escena cada vez que decida incrementar las tarifas de sus servicios por fuera de lo que ocurra en Provincia o Nación?
Este mismo artículo, el 138, tiene un segundo aspecto al que habrá que prestar atención en los próximos días: de qué manera se comunica un aumento (o una baja, cosa que no creo) en la tarifa eléctrica. Algunas voces de adentro del edificio de calle 9 de Julio ya hablan de un incremento en la boleta de energía eléctrica para este mes de abril que está a horas de comenzar, y hay quienes hasta se arriesgan a mencionar una cifra: 150%. Para eso habrá que esperar, todavía no llegamos a abril, ni siquiera hay confirmación oficial y tampoco sabemos si va a ocurrir, pero habrá que estar con la guardia alta.
Este aumento no sería una decisión exclusiva del intendente de Pico Truncado, sino que llegaría como consecuencia de un ajuste dispuesto por el Gobierno nacional. ¿Se podría haber enfrentado ese posible próximo aumento para que no impacte groseramente en los bolsillos truncadenses? Supongo que sí, algo se podría haber pensado para contenerlo, pero la Municipalidad ya no estaría en posición de decidir nada porque se acopló a la tarifa provincial. Y si desde Nación aumenta, repercute en Provincia y la última ficha del dominó cae en nuestra ciudad ¿O acaso podrá decirle Pablo Anabalón a Claudio Vidal que acá no se aumentará la energía porque Pico Truncado la compra directamente y la distribuye? Ya no. Y esa comunicación oficial sobre un posible aumento, si se da, se va a referir a eso, que el aumento es externo, que no es una decisión local y que siempre van a estar las dos instituciones, Municipalidad y Concejo Deliberante, peleando para lograr el bienestar de Pico Truncado y defender el bolsillo de los vecinos. A los slogans y discursos de comunicación de la vieja política, que en este nuevo contexto discursivo también es ‘mala política’, ya los conocemos. Ahí no hay un cambio.
El nombre de los partidos políticos que gobiernan Provincia y Municipio tiene, vaya ironía, la palabra ‘energía’ en el medio de la frase. Y la energía es un tema de discusión desde enero hasta ahora, y seguirá siéndolo mientras se sigan sucediendo los aumentos. Pero también fue tema de debate y de exposición pública mediática durante la campaña política del año pasado porque, como decían algunos candidatos, la provincia está hecha de energía (petróleo, gas, minería, parques eólicos) y gracias a eso tiene un potencial enorme. Sin embargo, termina siendo un servicio demasiado oneroso para sus habitantes, más aún cuando estas tarifas no corren de manera simétrica con los aumentos de salarios. Estos últimos siempre están unos cuantos peldaños más abajo, sobre todo en las administraciones públicas.
El esquema económico referido a la energía que se produce en la provincia, que se exporta al país y que queda un restante para beneficio de los santacruceños y santacruceñas ya está planteado así, y no es responsabilidad exclusiva de quienes hoy gobiernan la provincia y los municipios, para nada. Sin embargo, los nuevos dirigentes políticos si tienen en sus manos la posibilidad histórica de intentar cambiar ese estado de cosas, sin perjudicar a Santa Cruz y sus habitantes, pero si hasta el momento lo único que hicieron a nivel local, por ejemplo, fue delegar autonomía en perjuicio de la sociedad truncadense toda, será muy difícil modificar el rumbo. Mientras tanto, la energía que se utiliza para renovar la provincia está dejando los bolsillos escuálidos.
Francisco López – Licenciado en Comunicación Social (UNCA) / Locutor Nacional M.P 11.721 (UNSTA-ISER) / Maestrando en Comunicación Institucional (UNSL) / Maestrando en Comunicación Digital Interactiva (UNR)