El Concejo Deliberante de Río Gallegos decidió no acompañar el proyecto presentado por la edil Daniela D’Amico (UCR), con el que buscaba expresar su “total apoyo” a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) por la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
El proyecto de ordenanza fue presentado por fuera del orden del día y tratado durante la 17° Sesión Ordinaria que tuvo lugar este jueves 21 de noviembre. La iniciativa de la edil expresaba que la multa millonaria aplicada al sindicato docente “es extra temporáneo, desproporcionada y atenta contra la autonomía sindical poniendo en peligro el normal funcionamiento de la organización gremial”.
En la votación, los concejales Cynthia Kamú y Martín Chávez, ambos del bloque Justicialista, acompañaron a la edil radical autora del proyecto; mientras que los representantes del Bloque SER, Belén Ojeda, Guiliana Tobares y Ayrton Ruay, decidieron no repudiar la multa impuesta al gremio por parte del gobierno de Claudio Vidal.
Al estar dividida la contienda, el presidente del Cuerpo Legislativo, el justicialista, Julio Arabena, debió desempatar inclinando la balanza hacia la decisión gubernamental y en contra de los docentes santacruceños. De esta manera, el proyecto fue pasado a archivo por mayoría.
Repudio de CTERA
Como contrapartida, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) emitió un comunicado donde expresa su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno provincial de multar a ADOSAC por 1.700 millones de pesos.
“Esta medida constituye un ataque directo contra la libertad sindical, un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional y en los convenios internacionales ratificados por nuestro país”, dice el comunicado.
Además, llaman al Gobierno de Santa Cruz a rectificar “esta decisión arbitraria y a respetar los canales de diálogo para la negociación”, e instan a las autoridades provinciales y nacionales a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sindicales, “evitando cualquier forma de persecución o represalia contra las organizaciones gremiales”.
“Reafirmamos nuestra solidaridad con las y los docentes de Santa Cruz y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores de la educación en todo el país”, finaliza el escrito.
