El reclamo que llevan a cabo las trabajadoras auxiliares de educación frente a las instituciones educativas de Pico Truncado derivó en una denuncia que se realizó en las últimas horas, y que se tramita en el Juzgado de Instrucción N°1 local.
La denuncia fue presentada por la directora de una escuela en el marco de la orden que el Consejo Provincial de Educación (CPE) les habría impartido a los directivos de las instituciones. Esta exigencia por parte de Educación consiste en que cada autoridad escolar denuncie o informe sobre lo que acontece afuera de las escuelas truncadenses.
Un documento al que tuvo acceso HD Más señala que la causa se inició a raíz de actuaciones policiales en la que se informa sobre la modalidad del reclamo. “Se encuentran congregados en su exterior diversos grupos de trabajadoras auxiliares no docentes pertenecientes a diversas cooperativas impidiendo, sin provocar daños y en forma pacífica, el ingreso de docentes y alumnos en reclamo de demandas laborales al Poder Ejecutivo provincial”, dice el escrito.
El mismo documento aclara que la modalidad de protesta de las trabajadoras no significa “la existencia de infracción a tipo penal alguno”. No obstante, menciona que se deberá “disponer una medida judicial que ordene intimar a las manifestantes a deponer su actitud” trasladando el foco de su “legitimo derecho a protesta” a otro sector hasta tanto se llegue a una solución.
Educación Zona Norte estuvo en el Juzgado
Durante la mañana de este miércoles, dos personas que se identificaron como autoridades del Consejo Provincial de Educación en Zona Norte se hicieron presentes en el Juzgado de Instrucción N°1 de nuestra ciudad.
Fuentes judiciales indicaron a nuestro medio que las autoridades llegaron a Pico Truncado para “interiorizarse sobre la situación”, y que no realizaron ninguna otra presentación o denuncia judicial más allá de la que ya había ingresado por parte de la directora de una escuela.
Luego, las autoridades provinciales mantuvieron una reunión con Marcelo Nieva Figueroa, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, quien les habría informado que se podría intimar a las manifestantes a que posibiliten el libre acceso de docentes y estudiantes a los edificios escolares. Mientras tanto, la Justicia local también estaría esperando un informe de la situación por parte del CPE.
Tras el breve encuentro mantenido con el magistrado, estas personas se retiraron a bordo de una camioneta oficial rumbo a la ciudad de Caleta Olivia.
