El Gobierno de Santa Cruz presentó nuevas denuncias contra Pablo y María Grasso, exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales en Río Gallegos. Según la documentación presentada ante la Justicia, se formalizaron dos nuevas denuncias penales, fundamentadas en los artículos 248 y 174 inciso 5° del Código Penal, que tipifican el incumplimiento de deberes de funcionario público y la administración fraudulenta de bienes del Estado.
La investigación se centra en el manejo de tierras fiscales en Barrio El Faro y expone un esquema de adjudicación arbitraria sin los debidos procesos administrativos. Se detectó que se otorgaron lotes a beneficiarios que no cumplían con los requisitos administrativos establecidos por la normativa vigente, sin que se aplicaran los controles legales exigidos en estos procesos. Además, se señala que la asignación de tierras se realizó en plena campaña electoral de Pablo Grasso, lo que refuerza las sospechas sobre la utilización de recursos estatales con fines políticos.
Pablo Grasso, actual intendente de Río Gallegos, ocupó la presidencia del IDUV entre 2015 y 2019, mientras que María Grasso estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023.