En la 10ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada esta mañana con la presencia de los 24 legisladores, se aprobó el proyecto de ley N°253/25 —impulsado por la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz)— que eleva de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial.
La norma establece que los nuevos miembros serán designados por la Cámara de Diputados a partir de ternas que remitirá el Poder Ejecutivo provincial en “orden alfabético y pliego abierto”. Según el texto, la modificación busca responder al crecimiento poblacional y mejorar la “imparcialidad, celeridad y eficacia” del Poder Judicial.
Adriana Nieto defendió la iniciativa y afirmó que se trata de un “fortalecimiento a las instituciones” y de una política del Ejecutivo destinada a “hacer la justicia más democrática, accesible y transparente”. En sus fundamentos, Nieto sostuvo que “la justicia es un valor fundamental” para la libertad y la democracia, y que sin una respuesta judicial eficiente la ciudadanía pierde confianza en el sistema.
La ley respeta los requisitos previstos en el artículo 127 de la Constitución provincial: para ser miembro del TSJ se exige ser argentino (nativo o por opción), tener más de 30 años y contar con al menos seis años de ejercicio profesional o en funciones judiciales. Además, la norma incorpora el cumplimiento de la paridad de género y mantiene la posibilidad de que el cuerpo se divida en salas para atender distintas materias. El Tribunal seguirá con competencia para las causas contencioso-administrativas y las que correspondan a su jurisdicción originaria y exclusiva en juicio pleno.
Aunque el oficialismo destaca la necesidad de descongestionar expedientes y acelerar resoluciones, la ampliación suele traer aparejados cuestionamientos sobre la independencia judicial y el proceso de designación. La fórmula prevista —ternas enviadas por el Ejecutivo y votación en Diputados— reaviva el debate sobre el equilibrio entre poderes y el riesgo de que los nombramientos respondan a criterios políticos.
La ley ya fue sancionada; resta ahora que el Ejecutivo envíe las primeras ternas y que la Cámara proceda a las designaciones.

