El Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería notificó el viernes por la mañana a la Municipalidad de Pico Truncado sobre una demanda interpuesta por la usurpación que la gestión del intendente Pablo Anabalón hizo del predio de Ingeniería de Obras, ubicado en la zona Industrial de la ciudad.
El abogado Lucas Chacón, representante de Ramón Marcovich, accionista mayoritario de la sociedad dueña del predio, dijo que el Ejecutivo municipal, de una manera “insólita, descabellada, arbitraria”; realizó “un acto absolutamente ilegal” al apropiarse de un inmueble que cuenta con título de propiedad. “Habría que preguntarse por quién se está asesorando el intendente, porque lo han llevado por un camino de un gran problema. Estamos atravesando por un tema judicial muy difícil y es necesario que el intendente lo entienda para no llevarlo a equívocos”, comenzó diciendo Chacón en una entrevista con el programa ‘Buen día, día’, de Radio Ciudad FM 88.1 Mhz.
El letrado mencionó que la subasta que iba a realizarse el pasado 15 de mayo es el inicio de la estrategia que utilizó el municipio para quedarse con el predio. Explicó que esa venta pública estaba relacionada con un litigio que Ingeniería de Obras mantenía con una exempleada y que no tenía ninguna vinculación con la Municipalidad, hasta que “la trabajadora aparece vendiendo su juicio”. “Logramos la suspensión de la subasta y pedimos la nulidad de esa compra porque la Municipalidad no estaba en condiciones de comprar ningún juicio, y tampoco a la fecha sabemos si esos fondos salieron porque son fondos públicos que tienen determinados mecanismos para ser dispuestos”, indicó.

Chacón, además, puso la lupa sobre el hecho de que el estudio de los abogados Sergio Acevedo, Norberto Castello y Víctor Martensen es quien representa a la mujer que inició la demanda laboral contra Ingeniería de Obras y, paralelamente, asesora a la gestión del intendente Anabalón. “Hay cruces de intereses. Yo quiero desprender a la trabajadora que hizo un juicio y lo ganó, pero ¿no le llama la atención que el mismo estudio jurídico esté de un lugar e indirectamente vinculado del otro? Eso nos llama la atención. En algún momento, el juez va a llamar a la señora y le va a decir: ¿La Municipalidad le pagó o no le pagó? ¿Quién fue el que le pagó? ¿Le transfirieron? ¿Cuánta plata le transfirieron? ¿Tiene una constancia? ¿Tiene un recibo?”, analizó
Además, apuntó contra el accionar del Concejo Deliberante respecto al tema porque, conociendo de la irregularidad de la ocupación del predio por parte del municipio, dio el visto bueno para que la usurpación se concrete e incluso, en alguna oportunidad, se presentó un proyecto en el cual se proponía que parte de ese terreno sea ocupado por el nuevo cuartel de Bomberos.
“Mandan una ordenanza o una resolución para que la apruebe el Concejo Deliberante, y a los concejales les bajan una orden, una línea, no están para pensar sino para recibir órdenes como en el servicio militar. El único que advirtió la situación, por lo menos que pude advertir en una sesión, es el concejal Morón que saca un expediente y le dice ‘señores, esto tiene título de propiedad. ¿Qué estamos haciendo? Esto no podemos avalarlo’. Esto puede tener consecuencias no solamente patrimoniales para la municipalidad, sino que muestra un desconocimiento del derecho por parte de los concejales”, añadió Chacón.
Para finalizar, el representante legal de Marcovich señaló que la Justicia le dio a la Municipalidad un plazo de 15 días hábiles para responder la demanda, lo que resulta “bastante” tiempo porque lo normal sería que se les haya concedido solo 5 días hábiles para dar las explicaciones correspondientes. «Veremos cuál será la respuesta por parte de la Municipalidad. Esperemos que reflexionen, que devuelvan lo que se apropiaron de manera ilegítima y sepan pedir las disculpas del caso», concluyó.