El concejal Carlos Morón (h) presentará este miércoles en el Concejo Deliberante de Pico Truncado un proyecto de ordenanza para que funcionarios municipales y las autoridades elegidas por el voto popular se sometan de manera obligatoria a un examen toxicológico preventivo de orina para determinar si consumen sustancias psicoactivas ilegales.
El proyecto menciona que se busca “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública” y que la medida abarcará a todas aquellas personas que realicen alguna “actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, por elección popular, designación directa, por concurso u otro medio legal, realizada en nombre o al servicio del Estado Municipal o de sus entidades en todos sus niveles jerárquicos”.
Asimismo, indica que a través de la realización de un test “screening” se buscará detectar “la presencia de sustancias psicoactivas no prescriptas por un profesional de la salud, incluyendo, pero no limitándose a cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas”.
La iniciativa señala que el Ejecutivo municipal deberá designar a la autoridad de aplicación de la ordenanza, quien será la encargada de recibir los certificados librados por las autoridades de salud elegidas para llevar a cabo los exámenes. Estos exámenes solo podrán ser divulgados en caso de resultado positivo y los certificados emitidos tendrán una vigencia de 48 horas, tiempo dentro del cual deberán ser presentados en la Dirección de Recursos Humanos.
Además, el texto al que tuvo acceso HD Pico Truncado apunta que los funcionarios tienen derecho a solicitar una contraprueba y si esta confirmara el resultado positivo, “el funcionario designado es causal de cese en la función pública”. Del mismo modo, si el resultado arrojara positivo para un funcionario electo, “se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución de la Provincia”.
En la misma línea, el proyecto explica que “la negativa a realizar el examen se considerará equivalente a un resultado positivo, aplicándose la misma sanción”, y que los costos de los exámenes deberán ser afrontar por los cada uno de los funcionarios y funcionarias obligadas a realizarse el examen toxicológico.