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Procesaron a Julio Gutiérrez, líder de FATRASEP y ex ministro de Trabajo de Santa Cruz

La Justicia Federal de San Martín procesó a Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), líder del gremio patagónico UPSAP y ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, por una serie de delitos de gravedad institucional. El fallo también alcanza a otras personas […]

La Justicia Federal de San Martín procesó a Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), líder del gremio patagónico UPSAP y ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, por una serie de delitos de gravedad institucional. El fallo también alcanza a otras personas de su entorno sindical.

Gutiérrez fue procesado por los delitos de estafa procesal, falsificación ideológica y uso de documentos ideológicamente falsos, en una causa que genera fuerte impacto político, judicial y gremial. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de San Martín.

La medida judicial incluye además a Julio César Núñez, apoderado legal de UPSAP, y a Juan Marcelo Soria, inspector de fiscalización del gremio. A los tres imputados se les impuso una medida de coerción sin prisión preventiva y un embargo de 250 millones de pesos a cada uno, lo que da cuenta de la magnitud económica del presunto perjuicio investigado.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Secar Security Argentina S.A. (ex Securitas), que acusó a la conducción de UPSAP de haber emitido un certificado de deuda sindical ideológicamente falso. Dicho documento habría sido utilizado para inducir a error a la Justicia Federal y obtener una medida cautelar que derivó en el embargo de cuentas bancarias de la empresa.

Según la investigación, el certificado sindical —que goza de presunción de legitimidad— habría permitido trabar embargos por más de 720 millones de pesos, bajo el argumento de una supuesta deuda por aportes sindicales correspondientes a 234 trabajadores entre los años 2018 y 2022. La empresa denunciante sostiene que esa deuda no existía, que se habrían alterado listados de empleados y que incluso se incluyó a personas que no pertenecían a la firma.

En su resolución, el juez consideró que existen elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para procesar a los imputados como coautores de los delitos investigados, mientras la causa continúa su curso en el ámbito federal.

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