El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la provincia de Santa Cruz oficializó mediante la Resolución N.º 030/2026 un conjunto de medidas de ajuste orientadas a la contención del gasto público, entre las que se establece que no deberán incrementarse las pautas salariales vigentes, lo que en los hechos implica la continuidad de una pauta salarial cero, al menos hasta fines de octubre.
La medida fue firmada por el recientemente asumido ministro de Economía, Ezequiel Verbes, y el subsecretario de Finanzas, Sebastián Rojas, y se fundamenta en la situación financiera que atraviesa la provincia. En los considerandos del instrumento legal se señala que “la grave crisis imperante en la provincia y en el país exige la racionalización del gasto público y la optimización de los recursos humanos disponibles”.
Asimismo, el texto remarca que el Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026 fue aprobado “bajo una pauta salarial cero”, en un contexto de escenario financiero deficitario que requiere una administración restrictiva del gasto. En ese marco, la resolución dispone que las cuotas de compromiso, devengado y pago deberán ajustarse a lo establecido, “de modo tal de no incrementar el gasto corriente”, especialmente a partir de aumentos salariales.
En particular, el artículo primero de la resolución establece que no se podrán generar incrementos en el gasto derivados de pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025 inclusive, lo que, según se desprende del texto oficial, extendería la vigencia de la pauta cero al menos hasta fines de octubre, en función de los plazos administrativos y presupuestarios.
El documento también instruye a los organismos rectores y al órgano coordinador a restringir o adecuar la ejecución presupuestaria, limitando gastos incrementales que no cuenten con financiamiento asegurado.
Desde el Ejecutivo provincial se argumenta que estas medidas buscan priorizar gastos esenciales, garantizar la provisión de bienes y servicios públicos y sostener la continuidad de áreas consideradas críticas, como salud, educación, seguridad y previsión social.

