La iniciativa había ingresado el miércoles a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y fue devuelta por unanimidad en menos de 24 horas. Durante la sesión se resolvió abrir una instancia de diálogo antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió este jueves devolver al Poder Ejecutivo provincial el proyecto de ley de emergencia económica, financiera y administrativa del sector público, que había sido enviado el miércoles para su tratamiento.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión legislativa, luego de una moción presentada por el diputado Santiago Aberastain, quien propuso que la iniciativa regrese al Ejecutivo para continuar su análisis y habilitar una instancia de diálogo con los distintos sectores involucrados.
Durante su intervención, el legislador planteó la necesidad de abrir una mesa de discusión que permita revisar el contenido del proyecto antes de avanzar con su tratamiento parlamentario.

Mientras se desarrollaba la sesión, distintos gremios provinciales se manifestaban frente a la Legislatura, expresando su rechazo al proyecto de emergencia económica.
Tras la votación en el recinto, la presidencia del cuerpo confirmó que la moción fue aprobada por unanimidad, por lo que el proyecto regresará al Poder Ejecutivo provincial para continuar su evaluación.
El proyecto de emergencia económica
La iniciativa enviada por el Gobierno de Santa Cruz propone declarar la emergencia económica, financiera y administrativa del sector público provincial hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
Entre los principales puntos del proyecto se incluyen la reorganización del gasto público provincial, la revisión de estructuras administrativas, cargos y adicionales salariales, la suspensión del ingreso de personal al Estado con algunas excepciones y la creación de un régimen de pasividad anticipada voluntaria para trabajadores cercanos a la jubilación.
El texto también establece que durante la vigencia de la emergencia no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos ni mejoras remunerativas si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos.
Con información de Diario Nuevo Día

