La provincia de Santa Cruz no registra personas detenidas por delitos contra la administración pública, de acuerdo a un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) correspondiente al cierre de 2024. La situación se repite únicamente en Formosa, que tampoco presenta detenidos por este tipo de causas en su sistema penitenciario.
Según el relevamiento, en Argentina hay 121.443 personas privadas de libertad, pero solo el 2% se encuentra detenida por delitos vinculados a la administración pública, como corrupción, cohecho, malversación de fondos o abuso de autoridad.
En Santa Cruz, los datos oficiales indican que no hay personas encarceladas por este tipo de delitos, un escenario que contrasta con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país. Buenos Aires concentra 1.330 detenidos por causas de corrupción, lo que representa más de la mitad del total nacional. Le siguen Córdoba con 282 casos, Santa Fe con 272 y el ámbito federal con 199.
Formosa presenta un panorama similar al de Santa Cruz, ya que tampoco registra detenidos por delitos contra el Estado. No obstante, el informe detalla que ambas provincias sí cuentan con personas privadas de libertad por otros tipos de delitos, principalmente contra las personas, la integridad sexual y vinculados a estupefacientes.
El informe del CNPT no profundiza en las causas de estas diferencias regionales, pero los datos vuelven a poner en agenda el funcionamiento del sistema penal frente a los delitos cometidos en el ámbito de la administración pública. En el caso de Santa Cruz, la ausencia de detenidos por corrupción reabre el debate sobre los procesos de investigación, juzgamiento y condena de este tipo de causas en la provincia.
El relevamiento se elaboró a partir de información provista por los servicios penitenciarios provinciales y federales, y forma parte de un informe nacional sobre la población carcelaria en la Argentina.

