El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz informó que el martes 16 de septiembre se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en el marco de una causa judicial iniciada a partir de una denuncia presentada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y ejecutadas por personal de la División de Investigaciones de la misma localidad, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones.
Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Pico Truncado —uno perteneciente al exdirector regional de Zona Norte del CPE, José Alonso, y otro al apoderado de la cooperativa Patagonia Ecology, Mauro Ibarra—, y en forma simultánea en Caleta Olivia en una vivienda atribuida a Exequiel Córdoba, presidente de la cooperativa.
Durante los allanamientos las autoridades secuestraron documentación de interés para la causa, entre la que se cuentan libros de actas, registros contables de la cooperativa y teléfonos celulares, elementos que la pesquisa consideró “de vital importancia” para determinar el alcance de las supuestas irregularidades.
La investigación se originó a partir de la denuncia de la titular del CPE que apunta a un posible fraude al Estado provincial vinculado a contrataciones de servicios de desmalezado, limpieza y forestación en instituciones educativas de Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras durante el año 2023. Según la denuncia, las irregularidades observadas en los expedientes podrían haber generado un perjuicio económico que, en principio, superaría los 550 millones de pesos.
Según fuentes oficiales, el objetivo de la pesquisa es determinar cómo funcionaba el mecanismo de contratación y certificación, establecer las responsabilidades de exfuncionarios zonales y directores provinciales del CPE, y esclarecer el rol que habría ejercido la cooperativa Patagonia Ecology en la maniobra que se investiga. La Justicia busca comprobar si existió una maniobra sistemática para simular servicios no prestados, en perjuicio de las arcas provinciales y de la educación pública.


