La filial local de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) emitió un comunicado rechazando una maniobra persecutoria del Consejo Provincial de Educación (CPE) contra una docente del Jardín de Infantes N°14 ‘Lihuen’.
Desde el sindicato docente indicaron a HD Pico Truncado que el CPE intenta “reabrir un sumario que nunca existió” contra la docente Yolanda Coria por un hecho ocurrido hace 12 años, y donde ella debió comparecer ante la autoridad educativa en calidad de testigo y no como imputada en la investigación.
“A esta situación la descubrimos porque van dos veces que (Coria) se presenta como candidata en listas y necesita el libre sumario. El año pasado y este le negaron el libre sumario. Se lo habían dado, pero ahora vuelven a la carga diciendo que, si no saben lo que pasó, no le pueden dar el libre sumario”, explicó la fuente consultada.
Por este caso, ADOSAC Pico Truncado rechaza el accionar del CPE y exige que se solucione de manera inmediata la situación de la docente y que se arbitren los medios necesarios “para darle un corte definitivo”. “Rechazamos todo intento de reabrir un caso que tuvo una finalidad política, de persecución, como tantos otros sumarios por luchar, que el mismo gobierno actual condenó en su campaña”, agrega el comunicado emitido.
El hecho ocurrido en 2014
Las maestras del Jardín de Infantes Nº14, junto con las familias de los niños y niñas, iniciaron en el año 2014 una serie de reclamos, protestas, y petitorios, por la falta de calefacción, falta de agua y olor a cloacas en el edificio ubicado en la esquina de 9 de Julio y Roca.
En aquella época, durante el mandato del gobernador Daniel Peralta, “el CPE puso en tela de juicio la veracidad del reclamo”, y la licenciada Iris Rasgido, actual responsable del Consejo, y quien en ese momento había quedado a cargo del organismo por la ausencia de la entonces presidenta Silvia Sánchez, “las trató de ‘vagas’ y las acusó de ‘manipular la calefacción’”.
La solución que encontró el CPE en esa oportunidad fue pagar un sereno para que “nadie se acercara” a la caldera e impulsar una investigación. El gremio señala que “nunca se comunicó la resolución del informe” y que la investigación “de carácter persecutorio” lo único que hizo fue generarle una serie de inconvenientes a las docentes que fueron convocadas como testigos de lo sucedido.
“No resulta casual que quien entonces impulsó el informe sumarial, sea hoy quien tiene la posibilidad de aplicar la legislación vigente y terminar con esta burda intención de generar más conflicto”, concluye el escrito.
