El gobernador Claudio Vidal envío este miércoles por la tarde a la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley para que se autorice al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por 600 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas, a desembolsarse en el presente ejercicio y subsiguientes.
Si bien uno de sus considerandos expresa “que la operación se encuentra debidamente planificada” para que “la captación de estos recursos se traduzca efectivamente en obras de infraestructura estratégica” que impacten en la prestación de servicios públicos provinciales, el primer artículo indica que los fondos serían utilizados para “financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital y/o programas de desarrollo” o para la “renegociación y/o la cancelación de deudas asumidas con anterioridad del sector público provincial”.
El documento al que tuvo acceso HD Pico Truncado menciona en su primer artículo que la Provincia tomará deuda “mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo considere más apropiados”, pudiendo ser estos las “emisiones de títulos de deuda, adquisiciones y/o recompras de títulos en circulación” en los mercados de capitales nacionales y/o internacionales.
Además, el proyecto aclara que la deuda que tome la provincia de Santa Cruz con los organismos multilaterales de crédito, el Estado Nacional, las entidades financieras nacionales y/o cualquier otro organismo internacional será directa, con un plazo de amortización de hasta 15 años y con una tasa de interés que “podrá ser fija, variable o mixta”.
El tercer articulo del proyecto firmado por el gobernador faculta al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias que establezcan las formas y condiciones a las que debe sujetarse la operatoria, y posee algunos ítems que serán tema de discusión si la iniciativa llega al recinto legislativo.
El ‘inciso b’ señala: “Prorrogar la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer la defensa de inmunidad soberana y/o defensas de no justiciabilidad y/u otros compromisos habituales para operaciones con títulos de deuda y/o con cualquier otra operación de crédito público en los mercados internacionales de crédito”. Es decir, el Gobierno de Santa Cruz aceptaría someterse a la justicia de otro país y renunciaría a su protección especial como soberano si incumple el pago a sus acreedores.
Asimismo, el ‘inciso i’ determina que la provincia cedería “en garantía, pago y/o propiedad fiduciaria recursos provinciales, incluyendo los provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, para asegurar las obligaciones de crédito público”, y “los derechos provinciales sobre regalías hidrocarburíferas y mineras (netas de coparticipación a municipios y comisiones de fomento)”.
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