El intendente Pablo Anabalón vetó la Ordenanza N°2283/26 que declaraba de Prioridad de Estado Municipal la atención de la demanda social insatisfecha por falta de profesionales en la Secretaría de Desarrollo Social, y proponía la incorporación de trabajadores sociales en la mencionada dependencia.
Mediante el decreto N°2536, el Ejecutivo municipal argumenta que, a pesar de compartir plenamente el objetivo de fortalecer la atención social y de ampliar los recursos humanos, la incorporación inmediata de un mínimo de 6 (seis) trabajadores sociales, con título habilitante y matricula vigente, “resulta actualmente de imposible cumplimiento”.
“Dicha imposibilidad obedece a la inexistencia en nuestra localidad de profesionales con ese perfil disponibles para su contratación municipal, verificándose que quienes reúnen las condiciones requeridas se encuentran desempeñando funciones en otros organismos públicos”, agrega el decreto en uno de sus considerandos.
El instrumento legal menciona que, a pesar de ello, la Municipalidad adoptó medidas concretas para fortalecer la Secretaría de Desarrollo Social “mediante la incorporación de agentes a la Dirección de Abordaje Integral, quienes actualmente cursan la carrera de Trabajo Social”.
Según los fundamentos del veto, las mencionadas incorporaciones se dieron en el marco de “una política de formación y fortalecimiento institucional orientada a generar recursos humanos propios”, con el objetivo de ampliar gradualmente la capacidad de respuesta del área.
Asimismo, la gestión municipal aclara que “la imposición de una obligación cuyo cumplimiento resulta actualmente imposible generaría una expectativa que el municipio no se encuentra en condiciones de satisfacer por causas ajenas a su voluntad”.
El proyecto de ordenanza había sido presentado por el concejal Carlos Morón (h) en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 27 de mayo, y aprobada el 24 de junio durante la sexta reunión del Honorable Concejo Deliberante.
Además de declarar la prioridad estatal y disponer la incorporación de los profesionales, la norma autorizaba a la gestión municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, y la obligaba a que se informara trimestralmente la nómina de personal afectado y los trabajos llevados a cabo.
