El jefe de Gabinete del Gobierno de Santa Cruz, Pedro Luxen, se presentó en la Fiscalía de Primera Instancia N°2 de Río Gallegos para denunciar supuestas maniobras de vigilancia clandestina e inteligencia ilegal sobre un inmueble que posee en la zona de chacras de la capital provincial.
De acuerdo a lo publicado este jueves el Diario Nuevo Día, las sospechas del funcionario provincial comenzaron cuando trabajadores de su chacra notaron, en reiteradas ocasiones, la presencia de distintos vehículos estacionados durante horas fuera del predio.
Entre otros vehículos, los empleados de Luxen identificaron en distintos momentos a una camioneta Ford EcoSport color marrón y una Fiat Strada color gris oscuro, cuyos ocupantes, según dijeron, permanecían apostados de manera sospechosa dentro de los rodados.
Sin embargo, existió un episodio que preocupó aún más a la familia del hombre de confianza del gobernador Claudio Vidal. El 22 de agosto, alrededor de las 17, la esposa de Luxen fue a la propiedad para alimentar a los animales que allí tienen y detectó la presencia de un Peugeot 208. Según se supo después, cuando se solicitó el informe de dominio del rodado, se constató de manera oficial que el auto pertenece a la flota de la Policía de Santa Cruz.
La mujer dio aviso al ministro sobre lo que estaba ocurriendo y este concurrió inmediatamente a la chacra. Cuando Luxen se acercó para pedir explicaciones, el automovilista se retiró rápidamente del lugar sin dar ningún tipo de respuestas. Esto motivó que el funcionario lo siguiera en su vehículo personal hasta la estación de servicio ubicada en el barrio San Benito.
Allí, acompañados de testigos, Luxen enfrentó al conductor del Peugeot 208 quien, finalmente, reconoció que pertenece a la fuerza de seguridad provincial. Admitió además que formaba parte de un grupo de varios efectivos policiales que cumplían guardias y turnos rotativos de vigilancia en la zona, y mencionó que otros compañeros ya habían estado apostados en el lugar en días previos.
El jefe de Gabinete dejó asentado en la denuncia que desconoce la existencia de alguna orden judicial o investigación en su contra que justifique la presencia de personal policial frente a su chacra o en su vivienda particular, y que teme su seguridad personal y la de su familia ante lo sucedido.
Ante esta situación, solicitó formalmente que las medidas de prevención y las rondas de protección sobre sus domicilios sean encomendadas de manera exclusiva a fuerzas de seguridad nacionales. La Justicia provincial ya inició las actuaciones correspondientes para determinar quién dio las órdenes para vigilar las propiedad y movimientos del funcionario.
Foto: OPI Santa Cruz.
