El proyecto de ordenanza presentado por el concejal Carlos Morón (h) para que funcionarios electos y designados del Estado municipal se sometan a exámenes toxicológicos, con el fin de detectar la presencia de drogas ilícitas y alcohol, recibió despacho positivo por parte de la comisión de Legislación General del Honorable Concejo Deliberante.
La iniciativa había sido presentada por el edil en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Periodo Legislativo 2025 celebrada el 24 de septiembre del año pasado. En aquella oportunidad, el proyecto fue enviado a la comisión de Legislación General donde permaneció hasta este miércoles a la mañana, cuando fue tratado y aprobado por unanimidad con algunas modificaciones y el agregado de nuevos artículos.
El proyecto mantiene la obligatoriedad de que los funcionarios públicos presenten un certificado negativo de presencia de drogas ilegales en el cuerpo, pero ahora se suma la exigencia de dar alcohol cero en sangre al momento de realizar el test. Los exámenes buscarán detectar la presencia de alcohol, cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, benzodiacepinas, y alucinógenos y drogas sintéticas.
Por otra parte, uno de los nuevos artículos apunta a crear la Comisión Municipal de Control y Transparencia Toxicológica, cuya función será la de realizar el sorteo trimestral, público y aleatorio de los funcionarios a controlar; supervisar los procedimientos de control y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos; garantizar transparencia, imparcialidad y confidencialidad de los resultados; y elevar un informe trimestral al Honorable Concejo Deliberante, entre otras cosas.
Esta Comisión Municipal, según el texto al que tuvo acceso HD Pico Truncado, estará integrada de forma ad honorem por un concejal de cada bloque del Concejo Deliberante, un representante del COPAE (Consejo de Pastores Evangélicos), el cura párroco de la Iglesia Católica, un representante del Ejecutivo Municipal (con voz, pero sin voto) y un representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (con voz, pero sin voto).
El proyecto establece que los análisis serán realizados por laboratorios certificados, y que para ello se firmarán convenios con instituciones públicas o privadas que no mantengan dependencia con el Estado municipal. No obstante, uno de los artículos aclara que “los gastos y honorarios que demanden la obtención del certificado de examen complementario de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales deberán ser soportado en su totalidad por el propio obligado”.
Tal como señalaba el primer proyecto, en caso de dar positivo, el funcionario será suspendido preventivamente en sus funciones sin goce de haberes y podrá pedir una contraprueba en un plazo de 48 horas. Si este segundo análisis confirma el resultado positivo, “el funcionario designado es causal de cese en la función pública; y el funcionario electo se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución de la Provincia”.
El proyecto de ordenanza será llevado al recinto de sesiones el próximo miércoles 9 de septiembre cuando tenga lugar la Novena Sesión Ordinaria del año. En caso de aprobarse, el intendente Pablo Anabalón tendrá la decisión final de promulgar o vetar la iniciativa.
