Un informe publicado durante el fin de semana demostraría los delitos contra la administración pública en los que habrían incurrido el diputado por municipio José Luis Quiroga, la expresidenta del Honorable Concejo Deliberante, Tamara Vera; y la exsecretaria general del Cuerpo Deliberativo, Laura Chosco; al haber establecido un aparente esquema de pagos de sueldos irregulares y aportes partidarios con dineros provenientes del Poder Legislativo local y de la Cámara de Diputados de la Provincia.
El portal Truncado Informa reveló el sábado una serie de documentos que integran el Expediente N°63046 por el cual se investiga a Quiroga, Vera, Chosco, Ayuntué Quiroga Rementeria, hija del legislador provincial; y Agustina Nicole Diaz, empleada doméstica de Chosco; por los delitos de fraude a la administración pública, exacciones ilegales en concurso real, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado. La denuncia penal había sido interpuesta en diciembre del año pasado por concejal Carlos Morón (h).
Según documentación aportada por el Banco Santa Cruz a la causa, una cuenta sueldo a nombre Ayuntué Quiroga Rementeria fue abierta el 21 de diciembre de 2023, once días después de la asunción de su padre como diputado provincial; y otra cuenta ‘municipal’ casi un año después, el 17 de diciembre de 2024. El detalle oficial de los movimientos de las dos cuentas (C.A. N.º 433530-7 y C.A. N.º 449745-0) muestran que entre diciembre 2024 y diciembre 2025 cobró un doble sueldo proveniente de las dos instituciones legislativas.
La hija de ‘Pepe’ Quiroga, en ese lapso de tiempo, habría percibido $10.422.305,39 por parte del Concejo Deliberante de Pico Truncado y $11.604.271,62 por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, haciendo un total de $22.026.577,01. Por este caso, Quiroga Rementeria está acusada como “autora de fraude a la administración pública (Art. 174 inc. 5 del Código Penal) por cobro simultáneo e incompatible de haberes sin prestación de servicios”. “Lo alarmante: durante todo ese período la imputada residía de forma permanente en la provincia de Catamarca, sin prestar servicios en el Concejo Deliberante ni en la Cámara”, denuncia la publicación de Truncado Informa.
La niñera de la exsecretaria general
Por otro lado, una situación similar se presenta con el caso de Agustina Nicole Diaz. La mujer figuraba como contratada y cobraba como auxiliar administrativa un sueldo del Concejo Deliberante “sin haber concurrido jamás a prestar funciones en la institución” porque, en realidad, “cumplía tareas de niñera particular al cuidado de los hijos de Laura Chosco”. Esto fue ratificado en sede judicial en una declaración testimonial brindada por una persona que aseguró que otras empleadas del Concejo Deliberante podrían dar fe de lo mismo: que ni Quiroga Rementeria ni Diaz fueron vistas trabajando en la institución. Las decisiones sobre las contrataciones en el Concejo “las tomaban Quiroga y Chosco”, no Vera, que solo se limitaba a firmar y consultar “quien sí y quien no”, es lo que se afirmó en una declaración testimonial dada a las autoridades judiciales a las que tuvo acceso HD Pico Truncado.
El expediente señala que Diaz, en la cuenta Nº451260-7 del Banco Santa Cruz, recibió acreditaciones netas en concepto de haberes (Código 108), desde febrero a diciembre de 2025, un total de $8.730.601,00. “Todos estos valores (los que cobró mensualmente) corresponden únicamente al dinero neto que llegó a las cuentas bancarias. Como aún no están agregados al expediente los contratos administrativos ni las planillas de sueldos brutos (con aportes patronales y de ley), la masa total devengada del erario público por estos contratos será sustancialmente mayor”, advierte el medio de comunicación que publicó el informe periodístico.
Las acusaciones que recaen sobre Chosco por este caso son la de peculado (Art. 261 del CP) por desvío de fondos públicos para niñera particular, y de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 248 y Art. 249 del CP); mientras que Diaz debería responder por el delito de fraude a la administración pública por el cobro de haberes estatales sin prestación de servicios y participación en la red de intermediación financiera y facilitación de cuentas bancarias. Esto último porque se habría creado y puesto en funcionamiento un sistema de ‘retornos’ donde estarían involucrados los tres funcionarios de Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER).
Grupo de WhatsApp ‘Aportes HCD’
La información develada menciona que dentro del esquema establecido “se exigía a los empleados y contratados del Concejo Deliberante la devolución obligatoria de parte de sus sueldos bajo amenaza de despido o baja de contrato”. En este punto, la concejal Vera, cuando ocupaba el sillón de Presidencia, “garantizaba la presión institucional y la continuidad de las contrataciones”.
Esta situación salió a la luz a fines del año pasado cuando Cynthia González, sucesora de Chosco en la Secretaría General luego de que esta renunciara y pasara a revestir como secretaria de Quiroga en la Cámara, denunció que le pidió a Vera que tuviera en cuenta a su hija a la hora de cubrir el cargo de cadete en el Concejo. La entonces presidenta del HCD le habría respondido que no habría inconveniente con la designación “siempre y cuando le hiciera entrega mes a mes de la mitad del sueldo”. El sueldo mensual de cadete en ese momento era de $1.200.000, “lo que significaba que a Tamara Vera le quedarían $600.000,00 mensuales tan solo de esta contratación”. “Ni en pedo”, fue la respuesta textual de la hija de González para rechazar esa forma de contratación.
Una declaración testimonial en la causa difundida por Truncado Informa indica que a una mujer que fue contratada como maestranza en el Concejo Deliberante se la “obligaba” a limpiar las oficinas de José Luis Quiroga, que luego fue adaptado como ‘bunker’ partidario, además de retenerle parte de sus haberes. Todos estos movimientos de dinero se hacían, primero, a una cuenta bancaria que llevaba el nombre de ‘Somos energía para renovar’, luego se efectuaban a otra cuenta que administraba el diputado provincial y, finalmente, el dinero era recibido en una cuenta de Mercado Pago que manejaba una mujer de apellido Cárdenas.
“Te metían al grupo y tenías que aportar. Siempre fue voluntario, pero arbitrario”, reza un fragmento de una declaración testimonial. Todos esos aportes partidarios, que oscilaban entre $10.000 y $30.000, debían notificarse en un grupo de WhatsApp llamado ‘Aportes HCD’ que era “administrado directamente por «PEPEX» (José Quiroga) y «PIRU» (Tamara Vera)”, agrega el informe periodístico. En ese grupo se notificaban las fechas de cobro y se recibían los comprobantes de las transferencias que certificaban que los ‘retornos’ habían sido entregados. “Existían transferencias bancarias directas dirigidas a la cuenta personal del diputado José Luis Quiroga. Asimismo, para diversificar la recepción de los ‘retornos’ e intentar ocultar el circuito del dinero, en otros casos se utilizaban cuentas de terceros colaboradores del espacio que actuaban como ‘cajeras’ e intermediarias”, apunta la publicación. Este sería el caso de la persona de apellido Cárdenas.
La totalidad del dinero recaudado, en algún momento, habría ido a parar a “los bolsillos de Pepe», quien lo utilizaría para pagar el alquiler y los gastos de su oficina/local partidario. “La propiedad del inmueble pertenece al abogado Víctor Martensen, quien simultáneamente ejerce la defensa de la totalidad de los imputados en la causa (José Luis Quiroga, Ayuntue Quiroga, Tamara Vera, Laura Chosco y Nicole Díaz)”, agrega el informe. Martensen es, a su vez, uno de los socios históricos del estudio jurídico que Sergio Acevedo, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia propuesto por el gobernador Claudio Vidal, tiene en nuestra ciudad.
Disco rígido y ‘cajoneo’ de informes
Otras situaciones que investiga el Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Pico Truncado son el ocultamiento, retención y ‘cajoneo’ de información que el Concejo Deliberante debía remitir a otros organismos; el acceso ilegítimo por parte de Chosco al sistema informático del Legislativo truncadense y la sustracción y desaparición de un disco rígido que contiene información legislativa acumulada desde 2016 a 2023. Las principales apuntadas en estas cuestiones son las autoridades que estuvieron al frente del Concejo Deliberante durante el primer tramo del nuevo gobierno: Tamara Vera y Laura Chosco.
Truncado Informa publicó que durante la gestión del tándem Vera-Chosco se constató la retención y ‘cajoneo’ físico en las oficinas de Presidencia y la Secretaría General “diversos pedidos de informes aprobados por el Concejo Deliberante” que estaban dirigidos “a ministerios y reparticiones públicas provinciales con sede en Río Gallegos (como la Caja de Servicios Sociales, ISPRO, Ministerio de Gobierno y la Cámara de Diputados de Santa Cruz)”. A ello se le debería sumar los balances municipales que no fueron enviados en tiempo y forma al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Esta retención documental habría sido acompañada por la sustracción y posterior desaparición de un disco rígido de una computadora donde se almacenaban las bases de datos locales. “La desaparición de la unidad de almacenamiento tuvo por objeto directo la destrucción irreversible de evidencia digital, eliminando respaldos de planillas de asistencia, borradores de resoluciones, registros de liquidación de sueldos y archivos internos que respaldaban la operatoria del fraude salarial”, señala el informe periodístico. Una testigo declaró que ese disco rígido “estaba inventariado en la gestión de Noemí Fernández”, pero que luego, cuando Chosco dejó de ocupar ese sillón, ya no figuraba en ningún inventario. “Me dijeron que Laura se lo había llevado”, testificó esta persona.
La Justicia local tiene entre sus pruebas comprobantes de que la exsecretaria general del HCD, además, continuó ingresando “de forma ilegítima y remota a los sistemas informáticos y bases de datos oficiales del Concejo Deliberante” cuando ya no pertenecía a la institución y se encontraba en Río Gallegos oficiando de secretaria del diputado por municipio en la Legislatura. Chosco habría ingresado desde la capital provincial al sistema del Concejo “para consultar, alterar y manipular planillas de asistencia, registros de personal y documentación contable vinculada a las contrataciones”, concluye la publicación.
Fotos: Truncado Informa.
