Personal de la Policía de Santa Cruz custodiaba este jueves por la mañana las puertas del Tribunal Superior de Justicia en Río Gallegos para impedir el ingreso de los miembros de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. El operativo se dispuso tras conocerse la resolución por la cual se aplicarán descuentos en los sueldos de quienes hicieron paro durante 10 días, entre finales de julio y principios de agosto.
Alrededor de las 09:30, el secretario general del sindicato, Franco Mascheroni, llegó al edificio acompañado por otros integrantes de la comisión directiva. Tras varios minutos de tensión donde los efectivos policiales no permitían el ingreso del grupo, Mascheroni fue habilitado para entrar sin el acompañamiento de sus pares gremiales.
Una fuente gremial contó a HD Pico Truncado que al dirigente lo hicieron subir por un ascensor especial solo hasta el tercer piso del edificio, donde una empleada le recibió una nota. “Ni siquiera lo dejaron hablar con (Fernando) Ortiz de Zarate, que es el administrador general del Poder Judicial en el TSJ. La orden fue que nadie reciba al secretario general ni a ningún integrante del gremio”, explicó la fuente.
Consultada por la situación ocurrida en la capital provincial, la delegada truncadense del sindicato, Sandra Pardo, señaló: “Esto es de una gravedad institucional absoluta porque más allá de que somos integrantes de un sindicato, somos trabajadores del Poder Judicial. Se olvidaron de la formalidad e institucionalidad”.
Además, reiteró que el gremio nunca es notificado sobre ninguna de las medidas tomadas por el Tribunal Superior y que, en la mayoría de los casos, las notificaciones les llegan a través de los medios de comunicación informativos. “Se presentaron infinidades de notas desde que comenzó este conflicto y no recibimos ninguna respuesta. Ni siquiera un ‘No’ como respuesta”, amplió.
Por último, reflexionó sobre las actitudes que los vocales del TSJ adoptan en el marco del conflicto con los empleados judiciales. “Ellos son los encargados de impartir justicia y son injustos con sus propios trabajadores. Si no pueden solucionar los problemas que tienen en su propia casa, imagínate cómo van a impartir justicia al resto de los ciudadanos”, resaltó Pardo.
