Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que modifica el esquema de responsabilidad penal para adolescentes y fija la edad de aplicación a partir de los 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, y establecía una entrada en vigencia a los 180 días de su publicación.
El nuevo régimen alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputadas por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales. De esta manera, los adolescentes de 14 y 15 años quedan incorporados por primera vez a un régimen específico de responsabilidad penal.
Qué cambia con la nueva ley
Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes, con garantías procesales y medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social.
La ley también establece que no todos los delitos implicarán una pena de prisión. Cuando la pena prevista para el delito sea de hasta tres años, la prisión debe ser reemplazada por otras sanciones, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de contacto o de concurrencia a determinados lugares, tareas comunitarias y monitoreo electrónico.
Para delitos con penas superiores a tres años y de hasta diez años, el tribunal también puede reemplazar la privación de la libertad por sanciones alternativas cuando se cumplan determinadas condiciones, entre ellas la ausencia de condenas previas y de determinados procesos firmes en trámite, además de otros requisitos establecidos por la norma.
Límite de 15 años de prisión
En los casos en que corresponda una pena privativa de la libertad, la ley establece modalidades específicas de cumplimiento para adolescentes. La normativa contempla la privación de la libertad en domicilio, en institutos abiertos o en institutos especializados de detención.
Además, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija en 15 años el plazo máximo de las penas privativas de la libertad, aun cuando la escala penal correspondiente al delito cometido por un adulto sea superior.
El régimen también mantiene garantías específicas para los menores de 18 años. Entre ellas, el derecho a la defensa, el debido proceso y la obligación de que cualquier restricción de la libertad sea excepcional, proporcional y fundada. La ley establece además que los adolescentes detenidos no pueden ser alojados junto a personas mayores de edad.
La entrada en vigencia del nuevo régimen pone fin al esquema establecido por las normas que regulaban hasta ahora la responsabilidad penal de los menores y establece un marco específico para adolescentes de entre 14 y 18 años.
