Este lunes 3 de agosto se lleva adelante en todo el país el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una medida que en Santa Cruz cuenta con la adhesión de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
La jornada de protesta fue convocada en reclamo de una convocatoria a la paritaria nacional docente, mayor financiamiento para el sistema educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros fondos destinados a la educación, además del rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
La medida se desarrolla en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales. En la previa del paro, el Ministerio de Capital Humano recordó que la educación se encuentra alcanzada por la normativa que establece una cobertura mínima del 75% del servicio durante las medidas de fuerza y advirtió que realizará inspecciones en establecimientos educativos para verificar su cumplimiento, señalando que podrían aplicarse sanciones en caso de incumplimientos.
«No nos van a disciplinar con amenazas»
Frente a ese escenario, ADOSAC difundió un duro comunicado titulado «No nos van a disciplinar con amenazas», en el que sostuvo que el mensaje oficial busca «amedrentar a la docencia» y desalentar la adhesión al paro nacional.
El gremio afirmó que las advertencias sobre posibles sanciones constituyen un intento de sembrar temor entre los trabajadores de la educación y sostuvo que el derecho de huelga es una garantía constitucional que no puede ser restringida mediante este tipo de medidas.
Asimismo, la conducción provincial del sindicato cuestionó las políticas educativas tanto del Gobierno nacional como del provincial, al considerar que buscan debilitar la organización sindical y avanzar sobre los derechos laborales de los docentes.
AMET también rechazó las medidas
En la misma línea, AMET Regional XVI Santa Cruz expresó su «más enérgico rechazo» a las disposiciones impulsadas por el Ministerio de Capital Humano.
El sindicato sostuvo que las inspecciones y mecanismos de control anunciados representan un retroceso institucional y remarcó que, de acuerdo con su interpretación, la educación no puede ser considerada un servicio esencial que habilite restricciones al derecho de huelga en los términos planteados por el Gobierno nacional.
Además, señaló que el sistema educativo santacruceño depende de la jurisdicción provincial y que las relaciones laborales de los docentes se encuentran reguladas por normas locales, por lo que cuestionó el alcance de la intervención anunciada por la Nación.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que la aplicación de la cobertura mínima busca garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación durante las medidas de fuerza y asegura que actuará conforme a la legislación vigente
